El conflicto llegó a su climax cuando el presidente Sarkozy primero cuestionó llevar adelante la magna celebración cultural del “Año de México en Francia”, para después reconsiderar su postura, pero condicionando su realización a convertir cada uno de los eventos artísticos en prácticamente un homenaje a Florence Cassez. Acaso no es un absurdo, o mejor dicho ¿no es ésta una provocación del presidente francés?

Podríamos decir que la postura de Sarkozy además de absurda es un agravio al Derecho Internacional porque pone en riesgo las relaciones diplomáticas entre 2 países que desde hace muchos años privilegian el respeto a las decisiones internas de sus instituciones e, incluso, han actuado de manera conjunta para mediar en conflictos en terceros países.

A un asunto penal, Sarkozy le da un manejo político para presionar al gobierno mexicano, al señalar que cancelar la celebración del “Año de México en Francia” sería una ofensa para el pueblo de México. Es claro que lo que está planteando Sarkozy es un intento abierto de intervencionismo, que antepone su condición de país desarrollado, a un país como el nuestro, subdesarrollado, que atraviesa por una crisis institucional, en parte, debido a la inseguridad pública que campea en muchas entidades de la república.

El gobierno mexicano ha lamentado la situación, pero señala que no se someterá a lo que pretende imponerle el francés, por lo que si no se constatan las condiciones favorables para que México participe en la celebración cultural, no asistirá la representación mexicana.

Esta postura del gobierno mexicano parece justificada, porque trata de no dejarse amilanar por la torpe e injustificada maniobra del mandatario francés. Debe plantearse, sin embargo, la pregunta del por qué las autoridades mexicanas no dejan que prospere la extradición de Florence Cassez, cuando incluso se invoca un convenio internacional para que la francesa cumpla su condena en su país.

Esto puede explicarse, porque la procuración e impartición de justicia en México ha sido muy cuestionada, en vista de muchos casos de secuestro que no han sido debidamente investigados y resueltos. Todos conocemos la cruzada que encabeza la señora Isabel Miranda de Wallace, quien se ha convertido en un emblema en la lucha de los derechos humanos de las víctimas de secuestro, y que ha convertido el dolor personal por la pérdida de su hijo, en una ejemplar lucha ciudadana para que los culpables de secuestro, sean juzgados y les sean aplicadas penas severas, acordes al sufrimiento infringido a sus víctimas y sus familias.

En este aspecto, debe mencionarse que la propia señora Miranda de Wallace ha acudido a entrevistas en torno al caso, donde asegura conocer de manera directa el testimonio de una de los secuestrados y contar con los expedientes que prueban la culpabilidad de Cassez. La activista mexicana establece una clara diferencia entre el proceso judicial que se le siguió a Florence Cassez, en el que se le encontró culpable, con la manipulación mediática que hizo la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en una errónea estrategia para impresionar a la opinión pública con un montaje escénico del rescate de los secuestrados y captura de Cassez y su pareja.

El propósito de este comentario no es dilucidar sobre la culpabilidad de Florence Cassez dado que legalmente ha sido declarada responsable del delito de secuestro y porque no existe instancia legal alguna que pueda modificar esta sentencia. Se trata de la relación entre los dos países, pues el conflicto ha escalado a niveles inaceptables para la política internacional de ambas naciones.

La postura francesa representa un acto reprobable con reminiscencias intervencionistas que los mexicanos no debemos aceptar, pues nuestro país ha sido víctima de esa política practicada frecuentemente por las potencias del mundo. Cabe imaginar que haría Nicolás Sarkozy, si las familias de otros ciudadanos franceses que cometen actos delictivos fuera de Francia, le piden su intervención en otros países para que regresen a su país, sin importar lo que determinen las autoridades de dichas naciones. ¿Acaso Sarkozy se quiere convertir en un Juez supranacional para beneficiar a sus connacionales? ¿Lastimaría la relación con Estados Unidos, por ejemplo, por un ciudadano francés procesado, como hay tanto allí y en otras latitudes? Seguro que no. Por ello, su protagonismo y la gastada estrategia para reposicionar su figura no deben admitir la mínima concesión de nuestra nación.